Vilmarys M. Quiñones Cintrón, Coordinadora de Proyectos Académicos
Desde el brote del novel coronavirus (COVID-19), han surgido múltiples situaciones que se han inmiscuido en el diario vivir, no tan solo en aspectos de salud, sino también en aspectos legales. El establecimiento de medidas restrictivas tales como el cierre total o parcial de negocios, el uso obligatorio de mascarillas y la cuarentena involuntaria de personas expuestas o contagiadas con el COVID, son tan solo alguno de los ejemplos en donde las leyes y los tribunales han jugado un papel decisivo. Al analizar los asuntos de índole global, actualmente existe una carrera para el desarrollo, aprobación y distribución de una vacuna que provea inmunidad ante el COVID-19. Esta situación ha causado amplias discusiones de aspectos éticos y legales relacionadas al acceso a dicha vacuna, si debe ser obligatorio la vacunación y asuntos relacionados a las pruebas en humanos.
En mayo 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un documento en donde se detallan los criterios éticos para la aceptabilidad de la infección deliberada del COVID-19 en voluntarios saludables. Según la OMS, estos estudios son valiosos al momento de desarrollar las vacunas ya que proveen información necesaria durante la etapa experimental de las mismas para determinar su eficacia y seguridad. Con cerca de 170 estudios en desarrollo, es necesario que los derechos humanos se salvaguarden, aun en medio de una crisis de salud mundial. Entre los criterios que se deben evaluar, se debe considerar la justificación científica, sopesar los riesgos, el beneficio y maneras de reducir los riesgos en humanos que estén participando voluntariamente en los estudios experimentales. Además, se debe mantener la rigurosidad en el proceso de selección de voluntarios y en la obtención del consentimiento informado del sujeto. Este criterio busca evitar que personas de alto riesgo sean expuestas al virus ya que tienen mayor probabilidad de sufrir consecuencias graves. Además, se busca evitar que personas se sometan a experimentos sin que se obtenga un consentimiento adecuado e informado por parte de ellos.
Respecto a la accesibilidad de la vacuna, la organización internacional OXFAM, dedicada a luchar en contra de las desigualdades para acabar con la pobreza, sugiere que será necesario que la vacuna esté disponible de forma gratuita a aquellas personas y países que lo necesiten. Con el fin de alcanzar esta meta, en mayo 2020, 140 líderes de diferentes naciones hicieron un llamado para que se requiriera la publicación y distribución de data y tecnología relacionada al desarrollo de la vacuna. De esta manera, se pretende permitir el acceso a todos los países, independientemente de su desarrollo económico, para producir o comprar dosis de la vacuna a un precio asequible. Aunque este llamado tiene un fin loable, la realidad es que el desarrollo de una vacuna conlleva gastos millonarios, además de asuntos de patentes y propiedad intelectual, cuya información es guardada celosamente por compañías farmacéuticas con el argumento de que esto promueve la innovación, la investigación y el desarrollo de medicamentos nuevos. Por otra parte, varios países han firmado Advance Purchase Agreements con manufactureros de las vacunas, lo cual significa que dicho manufacturero se compromete a proveer acceso preferente a la vacuna a estos países, en su mayoría países considerados desarrollados y económicamente ricos. Se estima que cerca de 2 billones de dosis de la potencial vacuna ya se encuentra comprometido a estos países, dificultando el acceso a la vacuna de países de escasos o moderados ingresos.
Para intentar garantizar el acceso equitativo de la vacuna a todos los países, Gavi, The Vaccine Alliance estableció en junio 2020 el COVID-19 Vaccine Global Access (COVAX). La meta de COVAX es crear una plataforma en donde los gobiernos participantes puedan acceder un portafolio diversificado de vacunas de COVID-19 una vez estas estén disponibles. A través de esta iniciativa, se intenta asegurar que la vacuna esté disponible para al menos 20% de la población participante en COVAX. Aun así, dicha iniciativa ha enfrentado varias críticas de diversos sectores toda vez que limita la transparencia, perjudicaría la propiedad intelectual, entre otros asuntos.
Otro de los aspectos que ha causado discusión entre diversos sectores es la posibilidad de que la inoculación sea una compulsoria, similar a los requisitos que actualmente existen a estudiantes en edad escolar, personal militar y profesionales de la salud. Aunque es un asunto que generará discusión una vez se apruebe una vacuna, ciertamente es una alternativa para reducir la carga de los hospitales, aumentar el desarrollo económico y proteger a las poblaciones mas vulnerables. Incluso, se ha planteado que una vez la vacuna esté disponible, la misma sea ofrecida primeramente a estas poblaciones más vulnerables, las cuales, en Estados Unidos se componen en su mayoría de minorías hispanas y de color. En caso de que esto suceda, existe la posibilidad que estas iniciativas sean retadas en los Tribunales y se tengan que analizar bajo los escrutinios correspondientes.
A pesar de las discusiones que ha generado el desarrollo de la vacuna, no cabe duda que el mundo se encuentra experimentando una emergencia de salud pública que ha puesto al descubierto las diferencias e inequidades que existen. Mientras en algunos países hay accesibilidad de mascarillas, equipo de protección personal, agua para el lavado de mano y gel antibacterial, en otros dichos materiales solo están disponibles para pocos.
Ciertamente esta pandemia ha causado cambios en la economía, la salud y la seguridad de las personas. Aun así, no se deben pasar por alto los principios básicos de los derechos humanos. Principalmente, se debe asegurar la accesibilidad de la vacuna a todos y todas, independientemente del origen social o nacional. Expertos indican que próximamente se estarán aprobando las primeras vacunas que proveerán inmunidad al COVID-19, por lo que será necesario una colaboración multinacional y multisectorial para proteger a aquellos más vulnerables y salvaguardar los principios de los derechos humanos.
