Josué Román Jiménez— Director del Comité de Asuntos Legislativos del Consejo de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la PUCPR
Sube el telón, el presidente de la Cámara de Comercio en una vista de la Cámara de Representantes dice que $7.25 por hora da para vivir en el país. Baja el telón, sube el telón, aparece el Juez Presidente del Tribunal Supremo reclamando públicamente un aumento salarial para sí y el gremio que representa. Baja el telón, sube el telón, en una sala del Capitolio sentados en la misma mesa, se encuentran el liderato del Poder Legislativo y varios jueces de más alto foro judicial discutiendo el proyecto que les concedería el alza salarial propuesto. ¿Cómo se llama la obra? Salario mínimo, desigualdad y cabildeo.
El último Círculo del pasado semestre surge en el contexto donderepresentantes de determinados sectores de la sociedad civil y Gobierno— director de la Cámara de Comercio y la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo— aprovechando los privilegios inherentes a su posición sociopolítica, acudieron a la Asamblea Legislativa para expresar sus posturas sobre los salarios en Puerto Rico. El presidente de la Cámara de Comercio dijo que una persona en Puerto Rico puede vivir con el actual salario mínimo para evitar que se aumente. Posterior a ello y para echarle más leña al fuego, la honorable Maité Oronoz, jueza presidenta del Supremo sometió para la consideración de la Legislatura un proyecto que aumentaba sustancialmente el sueldo anual de los jueces.
Acudir a espacios de poder y toma de decisión— como la Asamblea Legislativa— para coaccionar legislación a favor de intereses particulares es un acto de cabildeo. Pero, como diría la famosa canción, el problema no es el cabildeo, el problema es la desigualdad política. Su contraparte, la igualdad política concede equitativamente a la ciudadanía la capacidad de acceder a las instituciones políticas. En la cotidianidad boricua, no todos tenemos acceso “express” a espacios de privilegio y de toma de decisiones. Juan y Juana del Pueblo, asalariados de $7.25 por hora y residentes de un municipio cuya mayoría poblacional vive bajo el índice de pobreza, tienen acceso sobre limitado—por no decir, inexistente– a las ramas de gobierno para cabildear en contra de la constante legislación e imposición de medidas que precarizan sus vidas. Tampoco pueden acudir al Capitolio para reunirse con el liderato senatorial, incluyendo al presidente del Senado, con el propósito de que aprueben una ley que aumente el salario mínimo que perciben a uno digno y suficiente para cubrir mensualmente la canasta básica de bienes y servicios. En el sistema democrático degenerado existente, las personas vinculadas a la clase política son quienes típicamente tienen mayor acceso al poder e información. Estas facciones dominantes poseen una ventaja comparativa respecto a los demás votantes ordinarios lo cual utilizan para proteger sus intereses económicos y perpetuar su posición socioeconómica privilegiada.
Generalmente, se suele problematizar la desigualdad económica sobre la desigualdad política, pues la primera, es un fenómeno social perceptible y tangible. La pobreza y la riqueza pueden sentirse y verse a simple vista. En cambio, la desigualdad política tiende a ser menos explícita y cruda para aquellos que ignoran las relaciones de poder e influencia de determinados grupos de intereses dentro de las instituciones políticas. Más allá de tratarlas como categorías independientes, debemos entender cómo se relacionan entre sí para determinar qué igualdad—política, económica y social—debemos priorizar para conseguir una sociedad igualitaria.
En El Círculo del pasado 14 de noviembre de 2019, se llegó al consenso de que urge un alza salarial para la clase trabajadora del país. Es evidente que $7.25 por hora no da para vivir. Para sobrevivir, tal vez. También, algunos de los tertulianos expresaron la necesidad de detallar en la legislación aquellas industrias y negocios que no soportarían un incremento en el salario mínimo. No obstante, exteriorizamos la susceptibilidad de utilizar el aumento del salario mínimo como instrumento para comprar votos. Por ello, toda medida propuesta cuyo aumento salarial sea menor a lo que una persona debiera generar para adquirir la canasta básica de bienes y servicios tiene apariencia de ser una movida politiquera.
La Ley 180-1998, según enmendada, Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, dispone que en nuestra jurisdicción le aplica automáticamente el salario mínimo federal a los empleados que están cubiertos bajo el Fair Labor Standards Act. Dicho estatuto federal permite a los estados y territorios establecer en su demarcación territorial un salario mínimo mayor al dispuesto federalmente. Ello no ha ocurrido en Puerto Rico donde el salario mínimo federal de $7.25 por hora ha regido desde el 2009. La inacción de la Asamblea Legislativa por más de diez (10) años para aumentar el salario mínimo revela cómo esta rama de gobierno, que supone ser representativa del pueblo, está enajenada de realidad precaria que vive la mayoría de sus representados. La desigualdad política se refleja en la reciente reforma laboral, en las medidas de austeridad y en la imposición de una mayor carga contributiva sobre la clase trabajadora. La falta de representación del pueblo en el Poder legislativo queda expuesta cuando la política económica del país es contraria a las necesidades económicas que viven los y las puertorriqueñas de a pie. Más allá de exigir un salario mínimo digno y justo, necesitamos con urgencia forjar una sociedad donde la igualdad política sea punta de lanza para la creación de instituciones que tengan como norte la igualdad económica y social. Al fin y al cabo, no puede haber igualdad económica y social sin igualdad política.
